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26 Oct
10:57

¿QUÉ TIENE INDIGNADOS A LOS UNIVERSITARIOS? ¿POR QUÉ PROTESTAN?

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Comunicado oficial de ASPU Huila

Una nueva oleada de marchas, asambleas permanentes y paros sacude a la educación pública universitaria, esta vez contra la desfinanciación y privatización, marcando otro hito en las históricas movilizaciones del estudiantado colombiano. Quizás como ocurrió en la década del 50 del siglo pasado con las protestas estudiantiles que pretendieron una reforma de la Universidad Nacional para mejorar su nivel académico, administrativo y la relación de la institución con la problemática nacional, época que dio origen a la Federación Nacional de Estudiantes y a la fecha conmemorativa de este estamento universitario. La gran movilización estudiantil de los años 70, también del siglo pasado, donde se constituyó la Federación Universitaria Nacional (FUN), se luchó por un Plan Básico que clamaba por la expulsión de las multinacionales de las universidades y conllevó al cogobierno universitario. La movilización estudiantil de 2011 como protesta por el Proyecto de Reforma a la Educación Superior (Ley 30) presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República liderada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) que derrotó dicho proyecto. Memorables gestas que nos dejan como lección que estas batallas se emprende de manera organizada, multiestamentaria, con inclusión de todos los sectores, voces polifónicas, expresiones y participación de la sociedad civil.

Hoy la universidad pública se va extinguiendo paulatinamente, por la vía de la desfinanciación, ante una nueva crisis provocada por el modelo educativo neoliberal que traslada esta responsabilidad a los propios beneficiarios. La liquidación del Estado de Bienestar, garante del derecho a la educación, dio paso, con la expedición de la Ley de Educación Superior (30/1992), al nuevo modelo de financiación que cambió de la oferta a la demanda. De esta manera el Estado hoy cubre solo el 50% de los costos de las universidades públicas del país, el resto lo obtiene de otras fuentes de financiación, como la venta de servicios, lo que algunos denominan “el rebusque”, tal como acontece con la informalización de la economía nacional.

El presupuesto se ha mantenido constante a partir de la expedición de la citada Ley, pues solo se actualiza al índice de inflación IPC, anual, congelamiento presupuestal que ha generado una deuda histórica que asciende a 18.2 billones de pesos. Entre tanto las universidades han ampliado su cobertura en oferta de programas de pregrado y postgrado, así como en población estudiantil atendida, casi cuadruplicando esta expansión educativa. En cifras la crisis de desfinanciación se expresa en un faltante para funcionamiento de 3.2 billones, necesarios para contratar profesores, trabajadores y pagar servicios públicos, entre otros rubros. En infraestructura el déficit es de 15 billones, con la consecuencia de edificaciones derruidas en varias universidades, falta de nueva infraestructura, laboratorios y demás espacios esenciales para la labor académica.

Los aumentos presupuestales, acorde con la política educativa neoliberal, no han ido a las universidades públicas, a ensanchar su base presupuestal, sino al ICETEX (1.7 billones), Ser Pilo Paga y Financiación Contingente al Ingreso. El programa Ser Pilo Paga apenas cubre 40.000 estudiantes y consume 3 billones de pesos de los cuales se lucran fundamentalmente unas pocas universidades privadas. Adicionalmente se han desviado los recursos del IVA social y el CREE hacia el ICETEX (87%). Hay que destacar que lo que está en juego es el funcionamiento de las universidades pues del presupuesto previsto para 2019 de 41.2 billones el 37.2 va para sostenimiento, prensiones y salarios de maestros.

La consecuencia de este antinacional modelo educativo es el marchitamiento de la educación pública, cada vez menos accesible a los sectores sociales más desvalidos por los incrementos en los costos de las matrículas y el sostenimiento de los estudiantes, pues por preceptos del modelo económico se eliminan subsidios y el bienestar universitario. Ya han desaparecido, por ejemplo, las residencias y restaurantes estudiantiles. Además de la ruina en sus instalaciones está primordialmente el deterioro de la calidad como efecto primordial. La planta de servidores está congelada. Desciende dramáticamente la planta docente bajo políticas de flexibilización laboral. Cerca del 70% de los profesores son catedráticos, primando de esta manera la contratación de profesores a destajo, con todas las consecuencias que esto acarrea para una educación de alta calidad. Toto enmarcado en un panorama donde la cobertura en educación superior en Colombia es solo del 35 por ciento, lo que significa que a la élite oligárquica gobernante no le interesa ni el bienestar de sus gentes ni el desarrollo con equidad y justicia social, para forjar una nación, prospera, libre y soberana.

Son más que sobradas entonces las motivaciones de estas grandes movilizaciones universitarias de los últimos días. Sustancialmente es por la defensa de la universidad pública y para exigir recursos que garanticen que puedan seguir ofreciendo educación de alta calidad. En 1993 recibían, por cada estudiante, un monto de 10,8 millones de pesos por parte del Estado; hoy, 25 años después, las transferencias han pasado a 4,8 millones de pesos por estudiante, para tomar un solo indicador como ejemplo.

La aspiración general de los universitarios es por una educación pública, científica, de alta calidad, al servicio del interés nacional y en condiciones de gratuidad, como un derecho fundamental, no como negocio. De momento que se fortalezca financieramente su base presupuestal para tal fin. Mientras el retrógrado gobierno Duquista contempla adicionar del presupuesto general de la nación 3,5 billones a las armas y la guerra, la propuesta de docentes y estudiantes es que, de esos recursos, se reasigne 1 billón para las universidades públicas, que se incrementen los recursos para el SENA, que se transfieran fondos del ICETEX hacia la educación oficial y que los 800.000 mil millones que cuesta anualmente el programa Ser Pilo Paga se inviertan por completo en las universidades públicas regionales. Que los créditos educativos no vayan en contravía de la financiación de las universidades públicas ni endeuden a los estudiantes y sus familias. En materia docente se exige la formalización laboral y el mejoramiento del bienestar profesoral.

La respuesta del gobierno a las masivas marchas universitarias ha sido volátil y tramposa. 500 mil millones de los cuales solo $55 mis millones van a la base presupuestal para repartirlos en 61 IES. $223 mil millones para inversión, $101 mil para el renovado Ser Pilo Paga, denominado ahora “Generación E” y $121 mil millones para 80.000 cupos de gratuidad anuales, que es financiación a la demanda. De otra parte, Duque anunció aumento de 1 billón en inversión para educación superior del presupuesto bienal de regalías para los próximos 2 años, que tendrán que ser tramitados ante los gobiernos regionales. Son propuestas más bien encaminadas a desactivar la movilización universitaria y social que a resolver problemáticas estructurales.

Y el diálogo al que ha llamado la ministra de educación, además de unilateral ha resultado infructuoso. La comunidad universitaria demanda la constitución de una Mesa Intersectorial con participación de los ministerios de educación, de hacienda, rectores del Sistema Universitario Estatal, voceros estudiantiles y profesorales. Ante la falta de respuestas y avances concretos en el diálogo inicial los voceros estudiantiles se retiraron de la reunión convocando a una nueva marcha nacional el 31 de octubre.

La Universidad Surcolombiana, por su parte, se declaró en paro general a partir del día 25 de octubre, sumándose a las universidades que han decidido suspender actividades académicas hasta tanto el gobierno brinde soluciones reales y eficaces a la crisis financiera. El propósito es unir a toda la comunidad universitaria en un has de voluntades, replicando en nuestra institución la Mesa Unitaria Nacional, sin exclusiones de ninguna índole e incorporando a otros sectores sociales e incidiendo en la sociedad civil.

El reto para la recientemente relevada rectoría de la USCO es jugar un papel protagónico autónomo y sincero al lado de la comunidad universitaria. Entretanto debe afrontar los retos derivados de gestiones anteriores de implantar correctivos eficaces para alejar la institución del clientelismo y la politiquería, que motivó los conocidos escándalos mediáticos de semanas anteriores. Ejercer control y racionalización de la excesiva contratación y de la mentada nómina paralela, contribuir a la formalización docente y fortalecer los procesos académicos como prioridad institucional.

Todo lo anterior requiere de la más amplia unidad y la participación ciudadana, tal como en el pasado lo demostraran las mencionadas gestas estudiantiles. Nuestro llamado es entonces a fortalecer la unidad, la organización y la movilización por la defensa de la educación pública. “A parar para avanzar” como lo proclama el estamento estudiantil, hermanados con toda la comunidad universitaria y acercando a la ciudadanía en general.

ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASPU-HUILA.

Neiva, 26 de octubre de 2018

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