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24 Sep
9:48

Enfrentar la crisis de las universidades públicas y erradicar la corrupción en la USCO

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Se acentúa el proceso progresivo de desfinanciación y marchitamiento de la educación pública superior en el país como resultado de las políticas educativas neoliberales implementadas desde hace más de cinco lustros y el asedio de las prácticas políticas transaccionales y la corrupción que sistémicamente ha permeado la institucionalidad y el tejido social, con particular expresión en nuestra universidad.

En materia presupuestal hay un déficit de 15 billones de pesos acumulado desde 1992, época en que el Gobierno congeló el presupuesto al establecer que se incrementaría de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación, en lugar de ampliar la base presupuestal de las universidades le apuesta a la promoción de créditos educativos a través del Icetex, lo que genera el endeudamiento de las familias, la inequidad y falta de universalidad en la educación superior, situaciones que condenan la universidad pública a su inviabilidad y eventuales cierres. Importantes recursos (alrededor de 600 mil millones de pesos) se destinan al programa Ser Pilo Paga, creado por el MEN, con el apoyo del Icetex, los cuales llegan a las universidades privadas y no a las públicas a través de un programa que solo beneficia a 40 mil estudiantes. A esto se suma el deterioro de las condiciones laborales de docentes y trabajadores en general de las instituciones educativas. Tal es el caso de la anunciada reforma al sistema de incentivos por producción académica e intelectual, bajo la errónea consideración de atribuir parte de la causa del déficit presupuestal a estos reconocimientos salariales. Todo esto ha causado un franco deterioro de la calidad académica por la precarización de la infraestructura, la carencia de recursos de apoyo para las labores académicas, la disminución y flexibilización en la planta docente. Ante este ensombrecido panorama el gobierno nacional encuentra la forma fácil de buscar una salida a la crisis fiscal que presentan las finanzas nacionales, a través de la aplicación de reformas tributarias regresivas que están lesionando los ingresos de los trabajadores de la educación y de la población trabajadora en general.

Esto ha motivado que varias universidades se hayan declarado en asambleas permanentes, como es el caso de la Universidad de Antioquia que mediante aviso de prensa del domingo 26 de agosto hace un llamado “por la dignidad del profesorado universitario” ante el momento crítico que viven las universidades públicas y propone un encuentro de Éstas para el mes de septiembre con la aspiración de que se construya una pauta de acción coordinada, una movilización contundente y propositiva. Entre tanto otras universidades siguen el mismo itinerario como la de Pamplona, la UIS, la del Quindío, la del Tolima.

Al caso particular de la Universidad Surcolombiana, afectada por las mismas políticas y medidas comentadas, se suma la situación de crisis magnificada por los actos de corrupción revelados por los medios de comunicación regionales y nacionales en torno de la selección de contralor y personero municipal que tiene bajo medida de aseguramiento a concejales y a exfuncionarios de alto nivel de la actual administración de la Universidad.

En comunicado de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios el pasado 3 de junio se hizo manifiesto ante la opinión pública la preocupación por la intromisión en la Universidad Surcolombiana, a instancias de la administración del señor Pedro Reyes Gaspar, de las prácticas clientelistas que caracterizan la administración pública colombiana y que ponen en peligro la viabilidad del país. La respuesta no se hizo esperar. El rector se despachó contra la Organización Sindical con toda clase de agresivos y descalificadores improperios a la par que presentaba su administración como la más transparente y pulcra de todas las administraciones que le antecedieron.

Hoy, para infortunio de nuestra Universidad, la tozuda e incuestionable realidad ha puesto en evidencia esas denuncias y advertencias. Ahí están los registros de los actos dolosos: en la prensa, la radio, la televisión, las redes sociales. Imposible ocultarlos, seguramente saldrán a la luz pública nuevos hallazgos más escandalosos que los hasta ahora presentados. Nuestra universidad está en la picota pública. Ha perdido credibilidad ante la sociedad en función de cuyo bienestar integral estructuró su Proyecto Educativo, tal y como lo expresa el Diario La Nación al señalar que la Fiscalía General destapó la ‘olla podrida’ develada alrededor de la elección del contralor y la Personera Municipal, un proceso que manejó de principio a fin la Oficina de Proyectos Especiales de la Universidad Surcolombiana, lo cual “deja muy mal parada a la institución, que tiene como Misión orientar y liderar la formación integral, humana y crítica de profesionales e investigadores en la región”.

Afortunadamente no todo está perdido; son muchos más los integrantes decentes, honestos y honrados de nuestra comunidad universitaria que los pillos que se han entronizado en la dirección de la Universidad. Debido a este destape salieron a la palestra pública los nombres de Antonio Medina, director de la Oficina de Proyectos Especiales creada por el rector, así como el de José Hildebran Perdomo, quien se desempeñó como jefe jurídico de la Usco, elegido supuestamente de manera fraudulenta como contralor municipal. Hoy ambos funcionarios están privados de la libertad y afrontan cargos por múltiples irregularidades.

La mayoría de la comunidad universitaria rechaza los comportamientos y las prácticas que fomentan los corruptos (tanto internos como externos) y expresa su preocupación porque el proceso de selección de la terna para la escogencia de rector puede estar influenciado por los hechos revelados por la Fiscalía y afectado en su pulcritud, transparencia y rigor académico. Razón por la cual las organizaciones abajo firmantes convocamos a la comunidad universitaria a pronunciarse y salir en la defensa nuestra Alma Mater.

Estamos motivados con el extraordinario ejemplo de civismo que se dio el domingo en la consulta anticorrupción. El ejercicio pleno de la soberanía ciudadana se evidenció en la contundente votación ajena a la manipulación clientelista. El fervor Anticorrupción en la Administración Pública será el mejor garante para recomponer el proceso de elección del rector en la Usco. Recuperar la credibilidad de la sociedad en una Universidad Autónoma y libre de la corrupción fomentada por la politiquería tradicional es un noble objetivo para nuestra causa.

Las organizaciones gremiales de la Usco rescatamos los principios de autonomía e independencia frente a este antidemocrático proceso de escogencia de rector influenciado por intereses personales de actores tanto internos como externos públicamente cuestionados. No estamos en contra de los Profesores ternados que aspiran a la rectoría, tenemos dudas sobre la legitimidad de la terna y queremos socializar la discusión al respecto. Nuestra preocupación fundamental sigue siendo la preservación y defensa de la naturaleza pública de nuestra universidad, que debe estar al servicio de la región y el país, no arredrada por la corrupción, el clientelismo y la politiquería rampante.

Por los anteriores motivos, convocamos a una asamblea general de todos los estamentos el próximo martes 4 de septiembre a la 10 a.m. en las ágoras, con el fin de analizar, de manera contextualizada, el presente y futuro de nuestra universidad, trazar derroteros y definir los cursos de acción pertinentes para enfrentar la crisis.

¡Nuestra lucha no es por la defensa de intereses individuales, es por el fortalecimiento y democratización institucional!

Surcolombianos por siempre hemos de ser, Surcolombiana es nuestra Universidad”

Organizaciones sindicales de la Universidad Surcolombiana:

ASPU – ASFUSCO – ASINEPUSCO – Consejo Superior Estudiantil

Neiva, 31 de agosto de 2018

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